LAS CÁRCELES DE MÉXICO MANTIENEN A 102 MIL 53 PERSONAS SIN SENTENCIA

México rompió la barrera de las 100 mil personas encarceladas sin sentencia firme, lo cual evidencia una crisis en el sistema de justicia penal, demostró el colectivo «No Más Presos Inocentes».

Al menos 102 mil 53 personas están presas bajo prisión preventiva, de acuerdo con datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, cantidad que representa el 40,4 por ciento de la población carcelaria total.

Ello significa que 4 de cada 10 internos permanecen tras las rejas bajo una presunción de culpabilidad, impulsada por estrategias punitivas y la ampliación del catálogo de delitos de prisión automática.

Según dicho colectivo, detrás de las cifras institucionales hay millas de historias de personas que claman libertad desde las celdas, denunciando la fabricación de pruebas, tortura y violaciones sistemáticas al debido proceso.

DETRÁS DE LA ESTADÍSTICA HAY PERSONAS

Entre ellas, destacan casos emblemáticos como el de Daniel García y Reyes Alpízar, que pasó 17 años en prisión esperando una sentencia debido a una acusación de homicidio.

Después de casi dos décadas de limbo jurídico, ambos fueron absueltos luego de que su caso escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual emitió una sentencia histórica condenando al Estado mexicano por el empleo abusivo de la prisión preventiva oficiosa.

A pesar de esta sentencia, el Estado mexicano continúa la práctica, inclusive amplió el catálogo de crímenes con prisión preventiva automática.

En este marco, «No Más Presos Inocentes» afirmó que ha denunciado casos actuales, como el de Víctor Hugo Romero Domínguez, quien se encuentra preso en el penal de Chiconautla, Ecatepec de Morelos, Estado de México, acusado del delito de feminicidio en la causa penal 15/2026.

Su familia señala un «efecto corruptor» en el proceso. Luego de ser detenido en enero de 2025, Romero fue presuntamente incomunicado y trasladado de forma clandestina por diferentes fiscales durante cinco días, rebasando el límite constitucional de 48 horas. Durante ese período de retención ilegal, se habrían fabricado carpetas por cohecho y delitos contra la salud con el fin de prolongar su captura artificialmente.

La defensa técnica apunta a contradicciones científicas de gravedad: una primera necropsia hecha el día del deceso dictaminó que la causa de muerte de su pareja fue suicidio. Pero, dos días después, bajo una fuerte presión de colectivos y grupos de choque dentro de la fiscalía, las autoridades ordenaron una segunda necropsia en un cuerpo ya manipulado y en estado de putrefacción, modificando el diagnóstico a feminicidio para cuadrar la acusación.

De acuerdo con el colectivo, la urgencia política para mostrar resultados inmediatos provocan que las fiscales prioricen cerrar casos rápido a través de investigaciones deficientes.