‘EL MOCHAOREJAS’ RECIBE 50 AÑOS DE CÁRCEL POR DELINCUENCIA ORGANIZADA CASI 28 AÑOS DESPUÉS

A casi tres décadas de su detención, Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mochaorejas”, fue sentenciado a 50 años de prisión por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Según dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR), el hombre, identificado como líder de una organización criminal dedicada al secuestro desde 1998, también deberá pagar una multa de 916 mil 312.50 pesos, luego de que el Ministerio Público Federal acreditara su responsabilidad penal ante la autoridad judicial.

En el mismo proceso fueron sentenciados Daniel “V” a 22 años de prisión y una multa superior a cuatro millones de pesos; así como Dulce “N”, quien recibió una pena de 16 años de cárcel y una sanción económica de más de 280 mil pesos.

En ambos casos, las condenas fueron declaradas compurgadas, aunque los sentenciados permanecerán recluidos por enfrentar otros procesos penales.

¿Desde cuándo operaba la organización criminal?

De acuerdo con las investigaciones, la organización criminal operaba desde 1998 aproximadamente, principalmente en el Estado de México y el entonces Distrito Federal, donde se dedicaba al secuestro y otras actividades delictivas.

Arizmendi López fue detenido el 30 de junio de 1998 y recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, mientras que sus dos cómplices fueron asegurados el 21 de agosto de ese mismo año y puestos a disposición de las autoridades judiciales.

Cabe destacar que aunque los tres recibieron sentencias condenatorias en agosto de 2003, posteriormente obtuvieron amparos que obligaron a reponer el procedimiento judicial.

Tras la presentación de nuevas pruebas por parte de la Fiscalía Especializada de Control Regional, la autoridad judicial notificó las condenas que ahora se imponen.

Asimismo, la FGR informó que la sentencia contra “El Mochaorejas” corresponde a la responsabilidad penal acreditada por los delitos señalados, luego de la reposición del procedimiento ordenada por la justicia federal.