CESAN A 43 TRABAJADORES DE DEFENSORÍA PÚBLICA; TRABAJADORES ACUSAN ACOSO

En la última semana de junio, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) cesó a 43 trabajadores sociales adscritos al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), órgano auxiliar del OAJ, lo que generó el rechazo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED).

La Dirección General de Recursos Humanos de OAJ emitió los oficios de terminación laboral para 39 mujeres y cuatro hombres, que surtieron efectos el martes pasado.

Según fuentes judiciales, el personal cesado estaba distribuido en las 31 delegaciones del IFDP en el país y desempeñaban funciones de asesoría jurídica, investigación socioeconómica, elaboración de dictámenes periciales en materia de trabajo social, realización de estudios sociales, identificación de condiciones de vulnerabilidad, acompañamiento institucional y canalización de usuarios hacia programas y servicios públicos.

Su labor se dirigía a mujeres víctimas de violencia, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, migrantes, personas privadas de la libertad, víctimas de violaciones a derechos humanos y personas en condición de pobreza, según fuentes consultadas.

Ante el despido realizado por autoridades del OAJ, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) hizo un llamado «enérgico» y «urgente» al órgano para detener el cese y hostigamiento contra trabajadores del IFDP y del propio OAJ.

La directiva nacional manifestó su rechazo y acusó abuso de poder y hostigamiento sicológico de autoridades contra el personal de diversas áreas que ocupan plazas en el IFDP y en el OAJ «Es inadmisible que las oficinas gubernamentales se conviertan en espacios de coacción en donde se vulnera la dignidad de los trabajadores. Si bien los afectados, mayoritariamente mujeres, pertenecen al personal de apoyo y administrativo, la Jufed como organización comprometida con la legalidad, la justicia y los derechos humanos no puede permanecer indiferente ante prácticas arbitrarias que atentan contra la base laboral que sostiene la operación de la judicatura», indicó.