SUPREMA CORTE RESOLVERÁ SI UNA PERSONA QUE RECIBIÓ UNA TRANSFERENCIA BANCARIA PUEDE SER LLAMADA A JUICIO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó por resolver una contradicción de criterios respecto a la nulidad de transferencias bancarias y sobre quiénes pueden ser llamados a juicio.

La contradicción de criterios 183/2025 de la ponencia del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García tiene como problemática la resolución de forma distinta por dos órganos jurisdiccionales respecto a que los juicios en los que se pide nulidad de una transferencia bancaria, donde uno sostuvo que no se puede llamar al proceso a la persona que recibió el dinero; mientras el otro consideró que sí, con la finalidad de otorgarle la calidad de tercero llamado a juicio.

El argumento del ministro fue que en los juicios de reclamo la incorporación de la persona que recibió el dinero es posible con la calidad de tercero, para que le pare perjuicio la eventual sentencia.

La contradicción de criterios se suscitó entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el entonces Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, hoy Pleno Regional en Materia Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur.

En los antecedentes del proyecto se planteó que en julio de 2025, el magistrado presidente del Primer Tribunal, Victoriano Hernández Infante, denunció la posible contradicción de criterios entre el criterio sustentado por su tribunal al resolver un amparo directo y el emitido por el Pleno Regional.

En su estudio de fondo, el ministro Guerrero García manifestó que la banca electrónica ha representado un avance significativo en el acceso a los servicios financieros, pero también ha traído consigo “una serie de desafíos jurídicos”, al señalar que la Suprema Corte ya reconoció que las operaciones realizadas a través de los sistemas de las instituciones financieras no pueden considerarse infalibles ni admiten una presunción absoluta sobre su debido funcionamiento.

La Corte consideró que la asignación de cargas probatorias se justifica también en el enfoque de protección reforzada de los consumidores, al ser una relación de consumo entre las personas con los servicios financieros.

El proyecto presentó que la litis se limita a determinar si la transferencia se realizó utilizando un determinado mecanismo de autenticación por parte del usuario y si la institución bancaria demostró haber seguido el procedimiento exigido por las disposiciones de carácter general, teniendo el banco que acreditar que se siguió el procedimiento normativo exigible y no tuvo conocimiento de incidentes que comprometieran los datos del cuentahabiente.