PREVALECE IMPUNIDAD POR DESAPARICIONES

María Guadalupe Fernández lleva 17 años y seis meses buscando a su hijo, José Antonio Robledo Fernández, desaparecido en 2009 en Monclova, Coahuila. Desde entonces, participa en labores de búsqueda junto con el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México. “Vivo como todas las mamás y familiares: es un sufrimiento ininterrumpido”.

En 2021, se registraron tres sentencias por el caso, pero por delitos como secuestro o delincuencia organizada. Ninguna por desaparición.

El caso de María Guadalupe resume uno de los principales obstáculos que enfrentan familiares de personas desaparecidas en México: la impunidad. Desde 2018 a la fecha, suman 552 sentencias por desaparición cometida por particulares o forzada, según cifras proporcionadas vía Transparencia por los 32 Poderes Judiciales estatales del país. Sin embargo, en México hay 133 mil personas que siguen sin ser localizadas; es decir, hay apenas una sentencia por cada mil casos de desaparición. El resto permanece sin una resolución judicial.

Para especialistas, jueces y autoridades, una de las razones que explican el bajo número de sentencias está en la propia naturaleza del delito.

Blanca Jacqueline Trujillo, vicefiscal en Personas Desaparecidas, reconoce dificultades para lograr que, en estos casos, los testigos aporten información y colaboren.

Mientras que José Luis Álvarez, presidente del Poder Judicial de Jalisco, explica que se trata de investigaciones complejas que implican conocer información sobre la última ubicación de las víctimas y, posteriormente, el uso de tecnología. Pero aun así, reconoce la complejidad en el delito que provoca que no se llegue a la justicia, como fue el caso de María Guadalupe Fernández.

Por otro lado, especialistas como Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, uno de los académicos que más seguimiento ha dado al tema de las desapariciones, critica que se trata de una impunidad “prácticamente absoluta”, ya que como lo señaló el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, “se trata del crimen casi perfecto”.

Ejemplo de ello es que en todos los Estados, la impunidad en este delito supera el 99.98%. Guanajuato es la Entidad que más condenas registra con 105. Jalisco aparece en segundo lugar, con 80 sentencias, pese a ser el Estado con más casos de desaparición, con más de 16 mil víctimas. Hay Entidades como Sinaloa que no reportaron condenas.

Para Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, hay serias deficiencias en materia de investigación que impiden que se lleven a juicio los casos, pese a las denuncias interpuestas. Y la situación se agrava porque se acumulan los hechos de desaparición y se rezagan las investigaciones, impidiendo el acceso a la justicia para los familiares de las víctimas.

Joseph Olid Aranda, abogado penalista, advierte que en los casos de desaparición, los responsables buscan que no haya rastros o evidencia de las víctimas, con lo que se eleva la dificultad de las indagatorias. Además, señala que no hay herramientas suficientes para personal ministerial, sumado a las conocidas deficiencias y la corrupción en fiscalías y poderes judiciales.

Admiten dificultades para indagar en desapariciones

Autoridades del Gobierno del Estado reconocen las dificultades para las investigaciones de los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, situación que propicia que haya pocas sentencias.

José Luis Álvarez, presidente del Poder Judicial de Jalisco, reconoce que se trata de investigaciones complejas que implican el uso de tecnología e información aportada por personas conocidas o cercanas a las víctimas.

“Es un delito complejo porque en muchas ocasiones, y nos consta, son investigaciones complejas, principalmente científicas, donde, partiendo de la información que se aporta por algún familiar o persona cercana para saber dónde fue el paradero, se inician con investigaciones de carácter tecnológico, científico, con seguimiento de cámaras, búsqueda de evidencias”.

Resalta que han dado seguimiento puntual a las indagatorias, al señalar que hay más de 30 sentencias por los delitos de desaparición durante 2025. Sin embargo, explica que la prioridad es seguir con la coordinación entre los entes de justicia para que se atiendan de manera favorable.

“El Poder Judicial no debe ser extremadamente rigorista en la valoración de las pruebas, sino que debes de buscar, digamos, armonizar, para identificar cuándo es necesario y cuándo es procedente dictar sentencias condenatorias”.

Por otro lado, Blanca Jacqueline Trujillo, vicefiscal especial en Personas Desaparecidas, reconoce la complejidad de las investigaciones porque los testigos no aportan información ni colaboran.

“Muchas veces los testigos no quieren aportar información, no quieren colaborar, donde es difícil rastrear e identificar quién perpetra una desaparición porque generalmente van cubiertos del rostro”, puso como ejemplo.

La funcionaria indicó que hay múltiples casos en los que se recupera a las víctimas y, en algunos de ellos, se determina que no fueron víctimas de algún delito, por lo que no se judicializan las carpetas de investigación de casos de desaparición.

Pese a ello, aseguró que se ha trabajado en Jalisco, pues recordó que en el Estado hay niveles de judicialización y sentencias condenatorias más altos que en otras entidades.

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Las voces de los colectivos

“Esa coordinación interinstitucional es muy pobre y no se da. Mientras no existan estrategias claras para combatir la expansión de organizaciones criminales, vamos a seguir viendo temas de reclutamiento, de desapariciones ante un Estado débil”, Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza.

“Nos están dando largas los jueces, con el primero que detuvieron en 2020 y ya es mucho tiempo para que no lo hayan sentenciado. Todavía tenemos el caso abierto”, Rafael Ramírez, buscador en Jalisco.

“Ninguno de esos presidentes de la República han hecho nada. Todos simulan que hacen y al final, hemos hecho las familias, somos las que hemos hecho leyes hemos reformado artículos, tratado de hacer que sea más fácil el acceso a la justicia”, María Guadalupe Fernández, de FUUNDEC (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México).

“No hay muchos avances, las leyes cada día cambian, cada día hay más impunidad. Como son casos que ya tienen años, no le dan importancia. Si tienes a cuatro personas detenidas, no puedas tú sacar dónde quedó él”, Leticia Lozano, del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Nuevo León.