NIÑEZ EN MÉXICO, ENTRE EL OLVIDO Y LA VIOLENCIA; LA CRUDA REALIDAD

El informe sobre prácticas de derechos humanos en México 2023, emitido por el Departamento de Estado, prende las alertas por las omisiones observadas en materia de matrimonio infantil forzado y el secuestro de niños con fines de explotación sexual.

El reporte dado a conocer recientemente por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de esa agencia de Estados Unidos reclama una reacción institucional del gobierno mexicano, asegura Miguel Ángel Ortiz Gómez, abogado constitucionalista.

Pero también, alerta el activista en la materia, es urgente que, de cara al proceso electoral, la agenda de los candidatos a la Presidencia, gobiernos estatales y Congreso incluya compromisos y propuestas de políticas públicas para afrontar dichas situaciones.

Considera que dicho informe “resulta de la mayor relevancia, pues constituye un retrato crudo y objetivo del estado y posición que guardan los derechos humanos en México”.

En el reporte se califica como situación de gravedad el hecho de que entre 2010 y 2021 se realizaron en el país alrededor de 153 mil matrimonios infantiles.

El Informe pone de manifiesto que México está viviendo la mayor crisis en la historia moderna de los derechos humanos de los niños, mujeres y grupos vulnerables”, evalúa Ortiz Gómez.

Reseña el especialista que en el Informe del Departamento de Estado se indica que, anualmente, en el país al menos unos 21 mil niños son secuestrados con fines de explotación sexual.

Destaca también los delitos sexuales contra menores, como la distribución de pornografía infantil, el turismo sexual infantil, la corrupción de menores, los abusos sexuales y la violación. En este punto, el Informe es relevante considerando que México es el primer lugar de generación de pornografía infantil y el tercer lugar en trata de personas después de Camboya y Tailandia, por lo cual México vive hoy en día la peor crisis en materia de defensa de los derechos humanos de los niños”.

Socio de la firma Cuatrecasas, el también abogado de Unión Mujer y Seamos Héroes plantea en entrevista que, ante un informe de esa dimensión, “resulta indispensable una reacción institucional del Gobierno de México; el pronunciamiento de la Secretaría de Gobernación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde se reconozca la grave situación de los derechos humanos y se instrumente un programa urgente”.

Para Ortiz Gómez, la crisis de los derechos humanos es un asunto que debe posicionarse ya en la agenda nacional.

Considera el especialista que, en el Congreso mexicano, es necesario actualizar el marco jurídico de defensa de los derechos humanos.

En el Poder Ejecutivo, “debe reconocerse el rezago e implementar políticas públicas”.

En el Poder Judicial se necesitan medidas para garantizar la reparación del daño y la no repetición a las víctimas”, precisa.

Sostiene que también los órganos autónomos tendrían tareas que realizar frente a este desafío.

Detalla que, en particular, la CNDH tendría que intervenir para solicitar la rendición de cuentas correspondientes a las diversas autoridades responsables.

A juicio de Miguel Ortiz, en esta tarea, “la sociedad civil debe asumir un rol de exigencia, de denuncia ante organismos nacionales e internacionales y de corresponsabilidad en el diseño de políticas públicas”.

RECRIMINA FALTA DE INTERÉS DEL SENADO

La diputada Eufrosina Cruz (PRI) lamenta que la actual legislatura haya dejado pendiente la aprobación de reformas que buscaban mayor severidad penal en contra de los delitos de pornografía infantil que, alega, deben ser equiparables con el de trata.

Considera una omisión imperdonable que las y los diputados de este segundo trienio hayan cerrado los ojos ante la urgencia de crear un registro de huérfanos por feminicidio.

Y recrimina la falta de interés por concretar la reforma originada en el Senado de la República para que en la Constitución quede establecida la prohibición del matrimonio infantil.

No podemos seguir presumiendo que somos de los primeros países en la industria en la pornografía infantil; que Naciones Unidas nos esté reflejando en la cara, que le damos el 60 por ciento de esa industria al mundo”, señala

Eufrosina Cruz ha sido legisladora estatal y federal y es la activista que a mediados de la década anterior visibilizó a nivel mundial cómo los usos y costumbres de pueblos originarios normalizaban la exclusión de las mujeres en el acceso a los derechos políticos.

Al hacer el recuento de los pendientes, la parlamentaria priista se refiere también al hecho de que desde el Poder Ejecutivo no se han ratificado los tratados internacionales que comprometerían al Estado mexicano con actuar frente a los riesgos que afrontan las infancias. “Todos los días seguimos estando como uno de los primeros países con mayor índice de abuso sexual; somos de los países con menor sanción al abuso sexual, a la trata, a la pornografía infantil etcétera, etcétera”, enumera.

Comenta la legisladora por Oaxaca que haber logrado la reforma al Código Penal Federal para que se tipificaran los matrimonios infantiles fue el primer paso. Ella fue la proponente, promotora y cabildera de ese cambio en la actual legislatura.

Pero queda pendiente “la gran reforma que llegó del Senado de la República al 2 Constitucional para que los matrimonios infantiles en las comunidades indígenas queden prohibidos a nivel constitucional, porque el dictamen está parado en la Comisión de Puntos Constitucionales”.

Otro rezago que la diputada Cruz considera un indicador de insensibilidad legislativa es el correspondiente a las y los niños y adolescentes que perdieron a sus madres por feminicidio.

Necesitamos un padrón de niños huérfanos que quedan producto del feminicidio. No sabemos cuáles son, dónde están, cómo se llaman. Y lo hago por una causa: a mi mejor amiga me la mataron y dejó un niño, Orlando de 10 años, y todo lo que conlleva ese niño en la orfandad, el saqueo del entorno de familia de parte de los hermanos de la víctima, falsificando documentos”, describe.

Argumenta que es urgente que el Estado mexicano asuma la responsabilidad con esa población, por no haber dado garantías de seguridad a sus madres. “Se le tiene que garantizar a esa niña, a ese niño, su salud, su salud mental, su educación, y reconocer que al haber vivido en un ambiente violento que desencadenó la pérdida de su madre, ese niño tiene más probabilidades el día de mañana de delinquir, si no lo cobija la sociedad y el Estado. Si no somos capaces de construir un fondo para ellos, estamos perdiendo la sensibilidad”.

Y falta también, remarca la parlamentaria, la reforma al Código Penal para homologar el abuso sexual y la trata en una misma sanción de privación de libertad.

La diputada Eufrosina Cruz se encuentra además a la espera de una respuesta a los exhortos que envió al gobierno federal para que se suscriba para que suscriba el Convenio de Lanzarote, para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual y que prevé acciones contra la trata, la explotación, el abuso y la pornografía infantil.

EXIGEN ROMPER EL SILENCIO DEL ACOSO SEXUAL INFANTIL

undadora de la organización ILAS destinada a brindar apoyo a las víctimas de abuso sexual infantil, Dafna Viniegra, autora del libro Sanar para crecer y trascender, habla en entrevista con Excélsior de la falta de congruencia tanto en las instituciones del Estado como de las leyes mexicanas responsables de atender esta realidad.

Según su experiencia, las políticas públicas y los ordenamientos existentes no cuidan a las víctimas y, por el contrario, las colocan en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Dafna lamenta que sea el silencio el principal dique que impide afrontar la realidad del abuso sexual infantil en el que México ocupa el primer lugar a nivel mundial.

Ella relató sus heridas en un diario personal que ahora se ha convertido en libro.

La respuesta ha sido maravillosa; este libro ya no es mío, porque es demasiada la gente que me escribe comentándome que se encuentran, no en las escenas exactas, pero sí en los dolores, en las consecuencias, en los estados de ánimo; que se van leyendo de poco en poco entre mis páginas y es algo que a mí me resulta sanador. Porque pareciera que los dolores que me quedaban se van diluyendo y otras personas agradecen por haber puesto en letras estos sentimientos que muchas veces, cuando tienes este trauma tan duro, no los encuentras”, describe.

¿Qué le dice tu experiencia, ahora ofrecida en un libro, a los tomadores de decisiones y a las familias?, le preguntamos.

Que urge hacer políticas públicas coherentes, hacer una incidencia política real, porque pareciera una burla el cómo se toman los testimonio, cómo se toman las declaraciones. Porque de pronto pareciera que están trabajando para desmentir a la víctima y liberar a los agresores”, responde.

Señala la también fundadora y directora de ILAS, Infancia Libre de Abuso Sexual, que las leyes en la materia no están respondiendo a lo que está sucediendo en el país.

Somos el número uno con abuso sexual infantil, con 1% de los casos denunciados. Es impresionante cómo la gente se calla el dolor del abuso en la infancia y lo hablan solamente hasta que se sienten un adulto responsable para poder sostener sus dolores.

Explica que las leyes en la materia responden al México de los años 80.

Es tremendamente lastimoso ver cómo el gobierno, el Estado, las leyes están trabajando este tema siento; hay carencia de información real de lo que está pasando”, alerta.

¿Es el abuso consecuencia de una sociedad violentada o expresión de una carencia de formación para respetar al otro?, le preguntamos.

De las dos”, responde, “es una deformación social total, vivimos una degeneración social absoluta; no tenemos respeto por el otro, donde vamos de frente solamente viendo y cubriendo nuestras necesidades sin importarnos qué está pasando a los lados. Nos hace falta muchísima humildad; entender que nuestras acciones son las reacciones, el espejo de la sociedad ¿Cómo puede ser posible que una persona que está tremendamente lastimada en su infancia tenga como única forma de consuelo violentar de un niño pequeño?”

LIDIAN CON LA POBREZA Y LOS FEMINICIDIOS

A un costado de la carretera Juchitán-El Espinal, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, fue hallado el cuerpo sin vida de Perla, de nueve años, junto con el de su hermanito de siete años. Era la mañana del 18 de febrero de 2023. De acuerdo con las autoridades ministeriales, el padre, después de golpearlos, los asfixió.

Su caso es uno los cinco feminicidios infantiles registrados el año pasado en territorio oaxaqueño, según el recuento hemerográfico de organizaciones civiles, pues las fuentes oficiales optan por dejarlos en la categoría de homicidio intencional o desaparición.

La violencia contra las mujeres de cero a 17 años aumentó en forma exponencial en casi una

década, de acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que retoma las publicaciones periódicas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A través el reporte Delitos contra niñas, niños y adolescentes resaltó los cinco delitos que han incrementado en el país en el último año: corrupción de menores, feminicidios, rapto, tráfico de niñez y adolescencias y trata de personas.

La Redim refirió que, de enero a marzo de este año se han registrado 23 feminicidios de mujeres de entre cero y 17 años en México.

Las niñas asesinadas pertenecían a todos los estratos socioeconómicos, aunque la mayoría eran pobres.