MÉXICO RECHAZA POSTURA DE LA ONU SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS
El Gobierno de México rechazó formalmente la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que planteó llevar la situación del país ante la Asamblea General al señalar presuntos crímenes de lesa humanidad.
La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, respaldó la intervención del subsecretario Arturo Medina Padilla ante la Tercera Comisión del organismo internacional, donde el funcionario sostuvo que la actual administración federal no tolera ni consiente la desaparición forzada en ninguna de sus formas.
La defensa oficial y el balance de cifras
Desde la federación se argumentó que, a diferencia del pasado cuando el delito se articulaba desde las cúpulas del poder, hoy los casos corresponden fundamentalmente al crimen organizado, admitiendo complicidades aisladas en el ámbito municipal.
Para contrarrestar los señalamientos de omisión estructural, la Segob expuso que durante el presente año se concretó el hallazgo de más de 16,000 personas, en su gran mayoría con vida, mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata.
Además se integró un panel científico con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para auditar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, así como se reforzó el esquema del Mecanismo Extraordinario de Identificación Humana y la coordinación permanente con fiscalías estatales.
Centro Prodh refuta discurso gubernamental
La postura del Estado mexicano detonó críticas de organizaciones civiles. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reprobó que las autoridades centren el debate en la disputa de cifras en lugar de asumir fallas de fondo como la impunidad y la colusión.
La organización defensora alertó que el retiro de colectivos de búsqueda del recinto de la ONU —tras exhibir fotografías de sus familiares ausentes— refleja la falta de apertura real, e insistió en que el informe internacional documentó indicios fundados de prácticas sistemáticas.
Pese a los desacuerdos entre el comité internacional y el gobierno, el expediente sobre la crisis de desaparición forzada continuará abierto dentro de los mecanismos de seguimiento de la Asamblea General.
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