EU ACUSA AL GOBERNADOR DE SINALOA Y A OTROS CARGOS MEXICANOS DE NARCOTRÁFICO

El Departamento de Justicia de EU acusó este miércoles al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y a otros cargos y exfuncionarios del estado mexicano de delitos de narcotráfico y posesión de armas.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra un total de diez personas por presuntamente «conspirar con líderes del cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EU a cambio de apoyo político y sobornos», indica un comunicado.

Los otros señalados por EU, junto a Rocha Moya, son Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias «Cholo», Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito alias «Tornado», Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias «Juanito».

A los 10 se les acusa de «haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en Estados Unidos». El caso fue asignado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla.

De acuerdo con la información, los diez imputados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de droga en territorio estadounidense.

En el anuncio oficial, Terrance Cole, administrador de la Agencia Antidrogas (DEA), sostuvo que la organización criminal “no solo trafica con drogas letales, sino que también recurre a la corrupción y el soborno para sostener sus operaciones”. Añadió que la acusación expone un intento sistemático por debilitar instituciones públicas y facilitar el flujo de estupefacientes hacia Estados Unidos.

Cole afirmó que los implicados habrían utilizado posiciones de poder para encubrir actividades delictivas, y subrayó que las autoridades continuarán presionando a las redes vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Por su parte, el fiscal Jay Clayton señaló que estructuras criminales de esta magnitud no podrían operar sin el respaldo de funcionarios corruptos. Advirtió que el objetivo de estas acciones judiciales es enviar un mensaje claro: cualquier persona que colabore con organizaciones del narcotráfico, sin importar su cargo, será llevada ante la justicia.