ANTICORRUPCIÓN SANCIONA A 55 FUNCIONARIOS PÚBLICOS

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionaron a 55 personas servidoras públicas y una empresa, con destituciones e inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas por 102 millones de pesos por faltas graves y no graves.

En ese sentido, el TFJA impuso sanciones, derivadas de las acciones de investigación realizadas a través de las Unidades de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad, así como de los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en Alimentación para el Bienestar, el Banco del Bienestar, en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la Agencia Nacional de Aduanas de México, el Servicio de Administración Tributaria, en el Servicio Postal Mexicano, Guardia Nacional y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, en las que se obtuvieron las pruebas que demostraron las infracciones graves.

Las dependencias destacaron que las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

Explicaron que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar y, si lo hacen, la Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas, es decir, apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas.

Adicionalmente, invitó a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad en la página de Internet denuncias.gob.mx.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirmó su compromiso para erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de México tiene la facultad legal de sancionar únicamente las faltas administrativas no graves cometidas por las personas servidoras públicas.

Sus atribuciones y límites se dividen de la siguiente manera:

• Faltas no graves: puede investigarlas, substanciar los procedimientos e imponer directamente sanciones como amonestaciones, suspensiones, destituciones e inhabilitaciones (de hasta 10 años), así como multas económicas.

• Faltas graves: no puede imponer sanciones por sí misma. Su función en estos casos es investigar y elaborar los expedientes, los cuales debe remitir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es la instancia encargada de determinar y aplicar la sanción.

• Delitos penales: si los actos de corrupción constituyen un delito, la dependencia debe presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR). 

Esta facultad se sustenta en el marco constitucional y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que divide el control del servicio público entre el órgano interno de control/secretaría y los tribunales administrativos.