SIN TREGUA, LUCHA POR EL DERECHO A DECIDIR; FALTAN 19 ESTADOS
Aunque desde septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México despenalizó el aborto en todo el país, declarando inconstitucional prohibir la interrupción del embarazo, el Congreso de la Unión y 19 estados del país siguen sin acatar el fallo, el cual busca proteger los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
En el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se conmemora cada 28 de septiembre, activistas reconocen avances en el tema, pero también retrocesos, como la reforma avalada por el Congreso de Aguascalientes para reducir de 12 a seis las semanas de gestación el plazo de aborto legal, la cual ya se alistan a impugnar.
Actualmente son 13 legislaciones que en su Código Penal ya no criminalizan el aborto y 14 entidades del país brindan servicios de aborto en el sector público de salud”, explica en entrevista la activista y abogada Ninde Molre, de Abortistas MX.
Entonces, eso quiere decir que todavía nos faltan al menos entre 19 y 20 estados para lograr que haya un piso mínimo, tomando en cuenta que, también, hace un mes vimos un retroceso importante en Aguascalientes, donde se restringió el derecho a decidir a la semana seis, lo que, sin duda, nos prende las alertas de procesos que vayan a ser similares y que busquen restringir los derechos reproductivos”, advierte.
Para Melissa Ayala, coordinadora de Litigios del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la reducción del plazo para el aborto legal avalada en Aguascalientes implica un retroceso y es abiertamente inconstitucional.
Además de que en nuestro país existe el principio de progresividad de los derechos humanos, también la Suprema Corte habla de la razonabilidad en el plazo; por supuesto que seis semanas no es un plazo razonable”, considera.
La renuencia de los estados y el propio Congreso de la Unión para acatar la determinación de la Corte respecto al aborto se suman la falta de insumos y clínicas para realizarlo.
En los estados en los que ya se canalizó el aborto, las compañeras nos mencionan que hay una falta de insumos, de personal y, también, de lugares a donde abortar. Por ejemplo, Oaxaca, que tiene más de 500 municipios, solamente tiene 11 unidades en todo el estado para brindar servicios de aborto”, subraya Ninde Molre.
Otro obstáculo es la falta de regulación en el tema de objeción de conciencia, derecho de personal médico y de enfermería para oponerse a la práctica por motivos religiosos, morales o filosóficos.
En 2021, la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, donde se regula la objeción de conciencia, ya que la forma en la que estaba definida era tan amplia que permitía que se violaran los derechos humanos de las pacientes… Hasta la fecha, el Congreso no ha emitido una regulación con base en los posicionamientos de la Corte y esto permite que, en distintos estados, la objeción de conciencia sea mal utilizada”, destaca Melissa Ayala.
La abogada de GIRE, organización pionera en la lucha por la justicia reproductiva en México, confía en que la llegada de una mujer a la Presidencia dé un golpe de timón en las políticas públicas sobre el tema.
Sí veo con esperanza la llegada de la Presidenta; me parece que está rodeada de gente muy capaz, de muchas personas que han estado en el movimiento feminista por muchos años, pero también hay que mencionar que esto no le toca a la Presidenta, esto es una chamba que le corresponde cumplir al Congreso y que, después, ya le tocará la Presidenta, a través de la administración pública, la implementación”, concluye.
AGUASCALIENTES: “CON O SIN AUTORIZACIÓN, ABORTARÁN”
Tras la entrada en vigor de la reducción de 12 a seis semanas en el plazo para un aborto legal en Aguascalientes, diversas organizaciones se manifiestan en contra de esta reforma que, dicen, representa un paso atrás en la lucha por la libertad de decidir.
Esta aprobación y publicación lo que hace es criminalizar a la mujeres y personas gestantes que deciden sobre sus cuerpos y sobre cómo quieren o no llevar una maternidad”, dijo Angie Contreras, vocera del Movimiento Mujeres Vivas, Mujeres Libres.
La activista señaló que se deben considerar todas las circunstancias.
El tema de la reducción de las semanas, en todo el país se ha justamente despenalizado hasta la semana 12 y en Aguascalientes al reducirla a la semana seis, eso también es criminalizar porque no están reconociendo, ni siquiera consideran, las muchas y muy variadas circunstancias que puede pasar una mujer o una persona gestante”, aseveró Angie Contreras.
Destacó que “las mujeres y las personas gestantes seguirán abortando en Aguascalientes, con o sin la autorización del estado, nunca se ha requerido la autorización del estado, pero el estado sí es responsable de garantizar servicios dignos, eficientes y que no violenten las decisiones, por eso vamos a seguir exigiéndoles.
Abortar no es fácil, abortar no es sencillo y abortar no es una decisión de amanecer y decir ‘quiero abortar’, abortar requiere tomar una decisión informada, reflexionar tu decisión”, expresó.
ACTIVISTAS DESAFÍAN LA LEGISLACIÓN EN SONORA
En Sonora, las activistas del colectivo Aborto Seguro ayudan de forma gratuita a mujeres de México y Estados Unidos, incluyendo a inmigrantes, para que interrumpan su embarazo. Esto, aunque el estado es uno de los que no ha modificado su legislación para despenalizar el aborto, a pesar de que, desde 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que criminalizar el aborto viola la Constitución.
Andrea Sánchez, activista de Aborto Seguro Sonora, reconoció que diariamente reciben más de 20 solicitudes de mujeres gestando que buscan al colectivo para interrumpir su embarazo con el uso del medicamento misoprostol, asistidas mediante un protocolo avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las activistas del colectivo Aborto Seguro reconocen que en Sonora los abortos son ilegales y que ellas los practican de forma clandestina, por que la ley solamente los permite bajo tres causales que son violación sexual, involuntarios y cuando existe riesgo a la salud de la mujer; el Congreso del estado y el Poder Judicial continúan sin despenalizarlos.
Incluso, detallan que las estadunidenses prefieren venir a México que ir a California o Nuevo México, donde el costo por el procedimiento va desde 500 a mil dólares en el primer trimestre, hasta más de 2 mil dólares en el segundo trimestre de gestación.
VERACRUZ: EMBARAZO INFANTIL, SIN OPCIÓN PARA VÍCTIMAS
En Veracruz, dos mil 51 embarazos infantiles han sido reportados oficialmente entre 2021 a 2023, pero a pesar de que hay leyes que permiten la interrupción voluntaria, sólo en 14 casos las víctimas han podido proceder, pues las familias encuentran una serie de obstáculos para lograrlo.
La organización Equifonía, Voces en Libertad A. C. lamentó la falta de coordinación entre instituciones, porque un embarazo en niñas de 14 años o menos implica una agresión sexual y una interrupción inmediata de su desarrollo físico y personal.
¿Qué es lo que está sucediendo? Que en muchos casos se minimiza entre las familias, se ocultan y cuando acuden al sector salud se abre una ventana de oportunidad para esta niña que está siendo víctima y debe ser atendida de manera inmediata”, indicó.
Araceli González Saavedra, integrante de Equifonía, explicó que han recibido llamadas de personas que les indican casos de embarazos infantiles, pero aun cuando se denuncia el probable hecho y la niña llegue a un servicio de salud para interrumpir el embarazo, lo que falla es la coordinación interinstitucional.
Explicó que este fenómeno debe observarse desde el nivel de avecindado, no es normal que una niña se embarace, porque implica una violación.
Necesitamos mirar desde la comunidad los casos de embarazo infantil como un problema, porque nos está indicando violencia sexual en contra de esta menor. En menores de 15 años legalmente no hay consentimiento, entonces no podemos decir ‘es que la niña’, ‘es que la mamá’, ‘es que la familia’… cada caso debe ser denunciado”, explicó.
La activista señaló que esta vigilancia social incrementaría la posibilidad de una atención integral, desde procuración de justicia hasta servicios de salud que incluyen el acceso a un aborto seguro, porque tienen ese derecho.
Las integrantes de Equifonía recordaron que hay un compromiso del gobierno mexicano para la erradicación del embarazo infantil para 2030, pero, a seis años de que se venza el plazo, sigue siendo un problema grave a nivel nacional y estatal.
OAXACA: LENTO ANDAR DE INTERRUPCIÓN DE EMBARAZO
A cinco años de la despenalización del aborto en Oaxaca, se cuenta con 11 unidades hospitalarias validadas y respaldadas para la práctica de este derecho a interrumpir un embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
En lo que va de este año, Servicios de Salud de Oaxaca ha realizado 789 interrupciones legales del embarazo (ILE), que suman dos mil 193 en el primer lustro. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a mujeres gestantes en estos procedimientos sostienen que persisten los obstáculos y el estigma.
Xan, nombre ficticio para este trabajo periodístico, trabajadora de la salud, se ha dado a la tarea de acompañar abortos con medicamentos en la región de la mixteca oaxaqueña, donde más de 60% de sus 155 municipios se consideran de alto grado de marginación.
La realidad no cambia por decreto. Toda vez que se ha avanzado en la normatividad, pero va lenta la materialización de este derecho. Por ejemplo, se carece de trípticos y mensajes multimedia traducidos a lenguas indígenas y lenguaje de señas”, consideró.
En la región Mixteca, donde predominan los grupos indígenas mixteco y triqui, aunque sea legal abortar hasta la semana 12, hablar de aborto no es permitido, todavía se mantiene como un secreto, no sólo por lo que pueda suceder en su ámbito familiar, sino porque las mujeres se sienten “juzgadas por parte del personal de salud o de que su nombre su filtre en la comunidad y al esposo o pareja”.
De acuerdo con la experiencia de la también integrante de la colectiva Marea Verde Mixteca, algunas de las causas que llevan a las mujeres de la región a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo es la violencia familiar, falta de recursos económicos y violencia sexual.
En entrevista, Xan comentó que hace ocho años inició en su labor de acompañar a mujeres que recurren a este procedimiento médico en forma segura y en casa.
En este tiempo han sido más las mujeres adultas, casadas y con vida sexual activa las que recurren a la interrupción del embarazo, y son aislados por casos de niñas o adolescentes”, detalló.
Apuntó que, a cinco años de la ILE en Oaxaca, impera la estigmatización de las mujeres que interrumpen su embarazo, en gran medida a partir de la idea religiosa de la vida desde la concepción.
El 25 de septiembre de 2019, el congreso local despenalizó el aborto en Oaxaca hasta la semana 12 de gestación, la reforma entró en vigor un mes después. La entidad oaxaqueña se convirtió en la segunda en reconocer ese derecho, después de la Ciudad de México, donde la despenalización ocurrió en 2007.