REBASAN AL CONGRESO LOS TIEMPOS LEGALES; EN TOTAL TIENE 12 PENDIENTES

El Senado y la Cámara de Diputados arrancan esta semana el segundo año de trabajo de la LXVI Legislatura con un total de 12 pendientes; sólo uno tiene dictamen y de los 11 restantes, seis ya rebasaron el plazo constitucional para su creación, como son los casos de las leyes en materia de pueblo indígenas, bienestar, vivienda, protección y cuidado animal, vapeadores y prisión preventiva oficiosa.

El único pendiente que tiene dictamen es la reforma constitucional para que el Poder Legislativo federal pueda legislar en materia de extorsión, pues fue aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados desde el 5 de agosto.

En contraste, el Senado no avanzó en la aprobación de dos iniciativas presidenciales que recibió el 23 de junio, referentes a modificaciones en materia de justicia y procedimientos contenciosos.

Hay tres reformas constitucionales cuyos plazos para la existencia de sus leyes están a unos días de vencer: la protección del maíz nativo, el 17 de septiembre; la no reelección y regulación del nepotismo electoral y el fortalecimiento de la soberanía, el 1 de octubre.

De acuerdo con la agenda del Morena en el Congreso de la Unión para este periodo ordinario de sesiones, todavía hay nueve reformas constitucionales que carecen de sus respectivas leyes, a fin de que su aplicación sea plena; de esos nueve cambios constitucionales, seis ya vencieron el plazo para que el propio Congreso de la Unión concretara las leyes respectivas, porque no surgirá de sus escaños y curules, sino de la Presidencia.

Desde el 29 de marzo venció el plazo que fijó la Constitución para crear la ley de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que establece “a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”.

Dispone que tendrán derecho a “decidir, conforme a sus sistemas normativos y de acuerdo con esta Constitución, sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. Aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres”.

Y advierte que “la jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas, dentro del marco del orden jurídico vigente, en los términos de esta Constitución y leyes que correspondan”.

El 31 de mayo venció el plazo para llevar al marco jurídico secundario las disposiciones constitucionales en materia de pensión para jornaleros, pescadores y personas con discapcidad; también para llevar a la ley la obligación de los patrones a crear ayudas y fondos para la compra de vivienda por parte de los trabajadores; y la nueva ley en materia de protección y cuidado animal.

El 29 de junio venció el plazo para concretar los cambios en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el Código Penal Federal para incluir como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa la compra, venta, transporte, distribución, preparación, importación, exportaciones de drogas sintéticas como anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis, mandrax, benzodiacepinas, fentanilo y derivados se convirtieron en delitos.

También los de “extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados”.

Y el 17 de julio venvió el plazo para que se reforme la Ley General de Salud en materia de vapeadores y cigarros electrónicos.

Una de las propuestas de reforma que están pendientes en el Senado es la referente al Código Nacional de Procedimientos Penales y Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la cual ordena que los jueces que tengan a cargo juicios sobre los integrantes del crimen organizado, como los narcotraficantes y secuestradores, podrán solicitar que se resguarde institucionalmente su identidad, si el Estado no tiene capacidad para protegerlo a él o a su familia o si los criminales lo han amenazado o han intentado interferir en el proceso judicial, establece la iniciatva presidencial en materia de delincuencia.

Dice que “el resguardo de la identidad de personas juzgadoras debe estar sometido a revisión periódica y oficiosa por parte del Órgano de Administración a través de la Unidad Especializada que establezca al efecto, de tal forma que no se prolongue la medida cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción”.