POZOS CLANDESTINOS AGRAVAN DÉFICIT DE AGUA EN ACUÍFEROS DEL PAÍS

n México, la operación de miles de pozos ilegales agrava la sobreexplotación de los acuíferos y el llamado huachicoleo de agua. Aunque no existe una cifra exacta, especialistas y autoridades estiman que hay más de 15 mil pozos clandestinos en funcionamiento en el país.

Tan solo en 2024, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectó 292 pozos ilegales, 11 de ellos en Jalisco, pero únicamente 117 fueron clausurados; el resto sigue operando.

El coordinador legislativo de Gestión Hídrica en la Cámara de Diputados, Armando González Samaniego, advirtió que este es un problema grave y generalizado.

“No hay un dato específico, cosa que es preocupante. Se habla de 15 mil pozos irregulares en el país. Jalisco no es la excepción: podrían ser cerca o incluso arriba de 500 pozos ilegales”, afirmó en el Foro Nacional para la Gestión Eficiente del Agua y Energía.

El consultor en aguas subterráneas Marco Ramírez explicó que la extracción clandestina provoca una doble pérdida:

“Hay impactos negativos porque con ese clandestinaje no hay una recuperación por el pago de derechos y, aparte, hay una extracción que afecta la disponibilidad de agua de un acuífero”.

Por su parte, Josué Sánchez Tapetillo, especialista en gestión de recursos hídricos, urgió a la Conagua a dimensionar el problema:

“Nadie los regula porque son ilegales. La Conagua no sabe cuántos hay, deben ser muchísimos, pero no los tenemos detectados. Se tendría que hacer una labor de mucho tiempo y muchos recursos. Se tendría que hacer porque no se sabe a qué ritmo está cayendo el acuífero”.

En Jalisco, la Conagua tiene registrados 59 acuíferos, pero 35 presentan déficit: se extrae más agua de la que se repone. Entre los más críticos están los acuíferos de Atemajac y Toluquilla, que abastecen a la Zona Metropolitana de Guadalajara y cuyo déficit agrava la disponibilidad hídrica para consumo humano, agrícola e industrial.

Para combatir esta situación, especialistas proponen que la Conagua refuerce la medición y supervisión de pozos y acuíferos, implemente sistemas modernos de monitoreo y garantice la seguridad en las clausuras de pozos ilegales.

Desde la Cámara de Diputados se plantea que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) corte el suministro de energía eléctrica a estos pozos como una medida inmediata para impedir su operación. A largo plazo, se propone su regularización para controlar el uso del agua disponible para la población.

Actualmente, la Ley de Aguas Nacionales contempla multas que van desde los $220 mil 623 a $2 millones 941 mil 640 pesos para quienes carezcan de título de concesión. La autoridad puede ordenar la clausura temporal o definitiva del pozo ilegal y, en casos en que la extracción cause daño ambiental significativo, la Conagua puede iniciar acciones penales contra el infractor.

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