MÉXICO RECHAZA INFORME DEL COMITÉ DE DESAPARICIONES FORZADAS DE LA ONU DONDE ADVIERTEN REPUNTE

El gobierno de México rechazó un informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, calificándolo de tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas que no coinciden con los avances logrados desde 2019 y en particular desde 2025.

En un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores, se planteó la decisión como “parcial y sesgada”, pese a referirse principalmente a los hechos ocurridos ente 2009 y 2017, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El gobierno de Sheinbaum lamentó que se haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado antes de publicar la resolución, señalando que se reconoce que “No existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.

También se cuestionó la falta de rigor jurídico en la argumentación, incluyendo una interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma.

– El gobierno reiteró que no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas, habiéndose emprendido una reforma para atender el flagelo y cuyos componentes no fueron considerados, tales como:

– La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

– La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte.

– La Base Nacional de Carpetas de Investigación.

– La Plataforma Única de Identidad.

– La obligación de fiscalías especializadas estatales.

– El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.

– El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.

– La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación.

– La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR.

– La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.

ONU detecta aumento de desapariciones en México y fallas graves en respuestas del Estado

México concentra más acciones urgentes por desaparición forzada que cualquier otro país del mundo y registró un repunte significativo en los últimos meses, de acuerdo con la más reciente actualización del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED).

El informe, divulgado por la organización I(dh)eas, -que agrupa a diversas organizaciones de desaparecidos, – también advierte fallas estructurales graves en la búsqueda y protección de víctimas y sus familias.

Señala que el país acumula 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026 —el 38 % del total global— y solo en los cinco meses más recientes (septiembre de 2025 a febrero de 2026) sumó 40 nuevas solicitudes, más de un tercio del total mundial del periodo.

Irak es el segundo país más señalado, con 669 casos.

Este incremento llevó a la organización a pedir que la ONU publique la versión completa del informe para transparentar las cifras y advertir sobre el deterioro de la situación. La ONG subrayó que el mecanismo, concebido como un recurso humanitario excepcional para localizar a personas desaparecidas de manera urgente, se ha vuelto «recurrente y estructural» en México.

Posible investigación internacional

Aunque el Comité reconoció que el Estado mexicano responde formalmente dentro de los plazos establecidos, señaló fallas continuas en la implementación.

Entre ellas, la ausencia de planes integrales de búsqueda, demoras en diligencias esenciales —como el análisis de videovigilancia y telefonía—, investigaciones insuficientes de la posible participación de agentes estatales y una protección inadecuada para familiares y personas buscadoras.

El informe documenta incluso casos de represalias durante los procesos de búsqueda, como la desaparición de un padre que denunciaba la implicación de agentes de seguridad en la privación de libertad de su hijo en Guanajuato.

I(dh)eas advirtió que la acumulación de casos y la falta de resultados pueden influir en la eventual aplicación del artículo 34 de la Convención, que permitiría al Comité iniciar una investigación internacional ante indicios de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas y remitir el caso a la Asamblea General de la ONU.

Desapariciones colectivas, migración y el Estado

El 30 % de las nuevas acciones urgentes se concentró en Chiapas, sobre todo desapariciones colectivas de personas migrantes ocurridas entre octubre y diciembre de 2024.

Jalisco fue el segundo estado más señalado, con casos donde presuntos agentes estatales o personas que se hicieron pasar por ellos habrían detenido por la fuerza a varias víctimas.

En Sinaloa, las desapariciones se relacionaron con disputas territoriales y la presencia de grupos criminales en zonas donde se ha documentado colusión con autoridades.

En Baja California, Tamaulipas y Guanajuato, varios casos antiguos —de más de ocho años— no han registrado avances sustanciales.

Del total de víctimas, 65 % son hombres o niños, 35 % mujeres o niñas y 18 % menores de edad. Entre los expedientes se incluye la desaparición de un familiar que participaba activamente en la búsqueda de otro desaparecido.

“Las cifras muestran una situación grave y persistente que evidencia deficiencias estructurales del Estado mexicano en materia de búsqueda e investigación”, afirmó I(dh)eas al solicitar que el informe completo sea difundido públicamente.