INHABILITAN A JUEZ DE GUERRERO POR USAR RECURSOS DEL PODER JUDICIAL PARA COBRAR VENTA DE AUTO
La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial inhabilitó por un año a un juez federal en Guerrero por desviar recursos y acoso sexual.
El órgano sancionador determinó que el impartidor de justicia, adscrito a un Centro de Justicia Penal en dicha entidad, dispuso indebidamente de recursos humanos y materiales del Poder Judicial de la Federación (PJF), además de solicitar el apoyo de fuerzas federales para un asunto de carácter privado.
De acuerdo con la resolución de la Comisión, encabezada por el magistrado Rufino H. León Tovar, el funcionario público incurrió en una simulación de actuación judicial para recuperar un vehículo de su propiedad y exigir el pago de un adeudo a un particular.
Despliegue de fuerza para cobro privado
La investigación acreditó que los hechos ocurrieron el 21 de septiembre de 2022. El juez ordenó a una oficial judicial y a dos elementos armados acompañarlo en una unidad blindada oficial (suburban blanca) a un domicilio particular. El objetivo era confrontar a un miembro de la Secretaría de Marina con quien mantenía una disputa por el intercambio de un automóvil.
Testigos y pruebas recabadas señalan que, al no encontrar al marino, el juzgador amedrentó a dos mujeres —madre y esposa del deudor— amenazando con retirar el vehículo con una grúa si no recibía una transferencia bancaria inmediata.
Ante la resistencia de los habitantes del condominio, quienes cuestionaron la falta de una orden judicial, el juez escaló el conflicto. Solicitó refuerzos vía telefónica a un mando militar, lo que derivó en el arribo de tres camionetas de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, con cinco elementos cada una, desplegando un operativo de seguridad desproporcionado para una gestión personal.
El bloqueo concluyó minutos después, cuando el padre del marino confirmó la transacción bancaria a la cuenta del juez, quien ordenó la retirada del comando armado tras verificar el saldo en su banca móvil.
Sanciones por acoso
Además del abuso de autoridad, la indagatoria confirmó conductas graves de violencia de género y laboral. Se acreditó que el juez realizó actos de hostigamiento sexual en contra de una subordinada, así como hostigamiento laboral hacia dos colaboradores del juzgado.
En sesión ordinaria, se resolvió la inhabilitación del servidor público por un año para ejercer cualquier cargo en el servicio público.
Al respecto, el magistrado Rufino H. León Tovar sentenció que no habrá tolerancia para la impunidad dentro del nuevo esquema de vigilancia judicial.
Se sancionará con todo el rigor de la ley a quienes traicionen la confianza pública y utilicen en forma indebida los recursos del Estado mexicano», afirmó León Tovar.
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