GIRAN ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA OBED MÉNDEZ, ALCALDE ELECTO DE CASTILLO DE TEAYO, VERACRUZ

A 16 días del cambio de administración municipal, la situación de Obed Méndez Fernández, alcalde electo de Castillo de Teayo, en Veracruz, se encuentra comprometida. El Juzgado de Control del Séptimo Distrito Judicial emitió una orden de aprehensión en su contra el pasado 8 de diciembre, lo cual pone en riesgo su toma de protesta programada para el 31 de diciembre.

El mandamiento judicial deriva del incumplimiento de medidas cautelares impuestas en un proceso penal activo, presuntamente relacionado con irregularidades durante una gestión previa en el mismo ayuntamiento.

Alcalde electo, Sin fuero y prófugo

El documento judicial fue turnado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz para su ejecución inmediata. Asimismo, el Congreso del Estado fue notificado formalmente el 11 de diciembre sobre la situación legal del edil electo, emanado de las filas del Partido Acción Nacional (PAN).

El imputado no se ha presentado voluntariamente ante el juez de control y la orden de aprehensión en su contra no ha sido ejecutada.

Mientras que no existe un pronunciamiento oficial de la Fiscalía del Estado sobre las causas del retraso en la captura.

Es importante destacar que, bajo la legislación vigente en Veracruz y a nivel federal, un alcalde electo no goza de fuero constitucional hasta el momento en que rinde protesta de ley. Por lo tanto, no existe impedimento legal para que los elementos ministeriales procedan con su detención.

Incertidumbre en Castillo de Teayo

La ausencia de Méndez Fernández ha generado un vacío de información en el municipio ubicado en la zona norte de la entidad. Mientras la defensa legal del panista guarda silencio, la ciudadanía desconoce quién asumirá las riendas del ayuntamiento en caso de que el alcalde electo sea detenido o continúe prófugo para la fecha del cambio de poderes.

Este caso cobra relevancia en medio del debate nacional, donde el Congreso de la Unión analiza nuevas iniciativas para la eliminación total del fuero constitucional, cuestionando la protección que tradicionalmente ha cobijado a los servidores públicos frente a procesos judiciales.