FISCALÍA DE MICHOACÁN EJERCE ACCIÓN PENAL CONTRA RAÚL “N” POR DISTURBIOS EN PALACIO DE GOBIERNO
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que, tras concluir los actos de investigación inicial, se ejerció acción penal en contra de uno de los ocho detenidos por los disturbios registrados el pasado domingo en el Centro Histórico de Morelia. El implicado, identificado como Raúl “N”, será presentado ante el órgano jurisdiccional por su probable responsabilidad en los delitos de sabotaje y daño en las cosas.
Los hechos ocurrieron durante el ingreso violento de un grupo de personas al Palacio de Gobierno, lo que motivó la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la puesta a disposición de los detenidos ante el Ministerio Público. La FGE confirmó que los datos recabados permiten acreditar la participación directa de Raúl “N” en los actos vandálicos.
Pedro R. detenido por orden de aprehensión por fraude
En el mismo grupo de detenidos, la Fiscalía identificó a Pedro R., sobre quien pesaba una orden de aprehensión vigente por el delito de fraude. Aunque no se le imputaron cargos por los disturbios, se dio cumplimiento inmediato a dicha orden judicial, por lo que también fue retenido.
Respecto a las otras seis personas detenidas, la FGE determinó su libertad al no encontrar elementos suficientes para ejercer acción penal en su contra por los hechos ocurridos en Palacio de Gobierno. No obstante, la carpeta de investigación permanecerá abierta para incorporar nuevos datos que permitan identificar a otros posibles responsables.
Fiscalía mantiene abierta la investigación por los disturbios
La FGE reiteró que continuará con las indagatorias para esclarecer plenamente los hechos y garantizar que quienes hayan participado en actos delictivos enfrenten las consecuencias legales correspondientes. La dependencia también hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que contribuya al avance de la investigación.
Este caso se suma a una serie de incidentes recientes que han puesto en tensión la seguridad en la capital michoacana, en un contexto de creciente exigencia social por justicia y transparencia tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.
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