EXTORSIONES Y SOBORNOS DENTRO DE LA DELEGACIÓN DE FGR EN AGUASCALIENTES

La Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Aguascalientes, encabezada por la fiscal federal Maribel Chávez Arriaga, se encuentra en el centro de una serie de denuncias que apuntan a un patrón de corrupción, abuso de autoridad y manejo irregular de recursos y casos judiciales.

Entrevistados por Grupo Imagen que corroboraron su identidad con credencial de la FGR e INE, Ministerios Públicos Federales en activo, que pidieron el anonimato para evitar represalias y atentados contra su vida, denunciaron que la fiscal de la FGR, Chávez Arriaga, los obligaba a extorsionar o sobornar a empresarios o detenidos.

Ella es muy cuidadosa, es muy cuidadosa en ese aspecto, porque pues nos manda a nosotros que somos sus subordinados, no. Y si llega a haber un problema, pues a quien señala es a nosotros no, y la verdad es que, pues nosotros ya estamos cansados, porque finalmente pues ella no nos va a respaldar y digo no, tendrá por qué, porque son ilegales, pero nos manda a nosotros e imagínese nos, agarran con el dinero y o con sus sobornos de ella o sus extorsiones, no sé, o sea y pues a nosotros nos ponen a disposición y hasta perdemos el trabajo y nos meten a la cárcel”, señaló.

Uno de los funcionarios federales destacó que desde la llegada de Chávez Arriaga propicio la salida de alrededor de 20 empleados con base o plaza, algunos a través de retiros voluntarios y otros forzados a abandonar la institución, incluso sin cumplir los requisitos para dicho retiro.

Las denuncias también incluyen señalamientos por prácticas indebidas con motivo de celebraciones personales. Cuando la fiscal cumple años, exigen a sus subordinados obsequios costosos —como relojes— y aportaciones económicas obligatorias.

Nos extorsiona para que le compremos cosas. Por ejemplo, nos pidió, era un dinero para comprarle un reloj, reloj caro. Nos han pedido dinero para incluso celebrar su cumpleaños, que fue en el club campestres, cooperación de 600 pesos y es a fuerza”, aseguró uno de los funcionarios federales.

Dijo que en su más reciente cumpleaños de la delegada estatal de la FGR, se celebró en el Residencial Campestre Bosque de las Lomas, inmueble de una persona previamente denunciada por delitos ambientales y ante la Comisión Nacional del Agua, se habría solicitado a cada trabajador 600 pesos para la fiesta, además de llevar su propio alcohol.

El evento fue amenizado por el grupo musical que toca habitualmente en el antro “La Última Luna”, al que habría acudido como favor personal del dueño del establecimiento.

Las acusaciones no se limitan al ámbito interno. Los testimonios señalan que, “hace más de un año, compañeros de la delegación recibieron tres millones de pesos en efectivo de parte de propietarios de combustible robado —entre ellos, la empresa del empresario Arnold Tamé— en un operativo realizado en instalaciones ferroviarias donde se descargaban carros tanque con huachicol”.

Otro caso involucra a la empresa de transporte turístico Sureña, a la que presuntamente se le retiraron dos millones de pesos tras una denuncia anónima. Pese a contar con pruebas suficientes para judicializar el expediente, la carpeta se resolvió como “no ejercicio de la acción penal” después de modificar el peritaje.

En otro hecho, el señor Benjamín Macías Velasco fue detenido con un arma larga calibre 7.62 y 30 cartuchos útiles. Según fuentes internas, entregó 400 mil pesos al Ministerio Público federal para obtener un procedimiento abreviado inmediato en la carpeta de investigación FED/AGS/AGS/0000157/2025. Posteriormente, volvió a ser detenido por intento de homicidio y, según testigos, él mismo confesó el pago para ser beneficiado judicialmente.

En otro caso los funcionarios federales, aseguro que, al intentar mudarse de un fraccionamiento donde la delegada de la FGR adeudaba mantenimiento, la fiscal solicitó el apoyo de la Policía Municipal argumentando que no la dejaban salir.

En realidad, se trataba de un conflicto por falta de pago. Para “resolver” el problema, dos agentes del Ministerio Público utilizaron una camioneta oficial (placas NTC-48-88) para trasladar sus muebles, intimidando al personal de vigilancia y usando recursos públicos para fines privados”, reveló un agente del Ministerio Público Federal.

Otra acusación recurrente es el presunto nepotismo. La fiscal habría designado como agente del Ministerio Público a su sobrina, Nayeli Sandoval, quien, de acuerdo con los testimonios, ha sido exhibida por jueces debido a su falta de preparación. Para evitar que cometa errores graves, se instruyó a otros agentes a acompañarla siempre en las audiencias para limpiar el desastre que hace en las audiencias.

Las denuncias contra la fiscal Maribel Chávez Arriaga se han realizado en el Órgano Interno de Control de la FGR; sin embargo, hasta el momento no han procedido, lo que puede configurarse en un posible patrón de corrupción sistemática que involucra manejo discrecional de casos penales, uso indebido de recursos públicos, extorsiones encubiertas y conflictos de interés.