EL SALVADOR CONDENA A PANDILLEROS CON PENAS DE HASTA 397 AÑOS DE CÁRCEL
La justicia de El Salvador condenó a ocho miembros de la pandilla Barrio 18 a penas de hasta 397 años de cárcel tras ser vinculados a homicidios y otros delitos, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).
El tribunal quinto contra el crimen organizado de San Salvador dictó las sentencias contra los pandilleros por delitos que cometieron entre los años 2021 y 2022, precisó la FGR en la red social X.
Las mayores condenas se las impusieron a cuatro cabecillas de Barrio 18: Pedro Melara Romero (397 años de prisión), Wilfredo Mancía (180), Esmeralda Beatriz Mendoza (115) y Jaqueline Flores (100).
El resto de pandilleros fueron condenados a penas entre los 74 y 89 años.
Otros delitos que les imputaron a los miembros de la banda fueron privación de la libertad, extorsión a comerciantes informales, pequeños empresarios y otras víctimas, a quienes les exigían dinero a cambio de no atentar contra sus vidas.
Desde marzo de 2022, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó una «guerra» contra las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, por lo que ha recibido críticas de organismos humanitarios.
En poco más de tres años de régimen de excepción, según fuentes oficiales, se ha registrado la captura de 90 mil 200 presuntos pandilleros, aunque unos 8 mil fueron liberados al ser considerados inocentes.
Pandillas en El Salvador
En marzo de 2022, el gobierno de Nayib Bukele decretó un régimen de excepción para enfrentar la violencia de las pandillas en El Salvador, con lo que inició una ola masiva de detenciones.
Bajo ese marco, decenas de miles de personas fueron arrestadas con acusaciones de pertenecer a pandillas sin orden judicial previa, muchas veces sin pruebas claras.
Ese endurecimiento legal incluyó reformas al código penal que aumentaron las penas por pertenencia a grupos criminales, y habilitó juicios masivos con decenas o cientos de acusados a la vez, donde la defensa y el derecho a un juicio justo han sido cuestionados por organizaciones de derechos humanos.
Aun cuando las autoridades atribuyen a estas políticas un descenso notable en los homicidios —la cifra pasó de varios miles al año a una tasa histórica de violencia reducida—, muchas asociaciones alertan sobre arbitrariedades: detenciones indiscriminadas, abuso de poder, torturas, muertos en custodia e inseguridad jurídica para inocentes.
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