EL ROBO DE COMBUSTIBLES GOLPEA AL ERARIO FEDERAL
El robo de hidrocarburos y su nueva variante, el huachicol fiscal, se han consolidado como dos de los negocios ilícitos más lucrativos de México.
La primera modalidad consiste en las tomas clandestinas y las perforaciones a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para extraer combustible y luego comercializarlo. La segunda, detectada desde 2021 por el SAT, se refiere al contrabando de combustibles que ingresan al país haciéndose pasar como aceites y otros aditivos, con el objetivo de reducir el pago de impuestos.
Por el huachicol tradicional, Pemex reportó que el quebranto al erario ascendió a 20 mil millones de pesos en 2024. En tanto, la variante fiscal representa un impacto mayor: de acuerdo con PetroIntelligence, este ilícito le cuesta al país 177 mil millones de pesos anuales.
La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) estima que más de 300 mil barriles diarios de combustibles en el país provienen del mercado negro.
Especialistas coinciden en que este delito ha prosperado por la impunidad con la que operan los grupos criminales y la complicidad de las autoridades de los tres niveles de Gobierno, señaló Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara. “El robo de combustible se ha incrementado por la impunidad en la que vivimos en México”.
Las investigaciones han derivado en órdenes de aprehensión y detenciones contra funcionarios vinculados a una amplia red criminal huachicolera. Entre los principales señalados se encuentran el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos de Rafael Ojeda, ex secretario de Marina con Andrés Manuel López Obrador. El primero fue detenido el 2 de septiembre; el segundo permanece prófugo.
Otros implicados son 13 elementos de la Secretaría de Marina, tres empresarios y tres funcionarios aduanales. Uno de los militares, al ver su nombre en la lista de uniformados presuntamente sobornados, se quitó la vida. Entre los señalados figuran capitanes de navío y jefes de departamento.
El caso también ha cobrado la vida de al menos siete personas relacionadas con las indagatorias. Entre ellas se encuentra el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, fallecido durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora, y el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, hallado muerto en su oficina.
El quebranto al erario
• Huachicol tradicional: 20 mil millones de pesos en 2024 (Fuente: Pemex).
• Huachicol fiscal: 177 mil millones de pesos anuales (PetroIntelligence).
• Consumo de combustibles en el país:
– Barriles diarios comercializados: 1’287,149.
– Barriles diarios distribuidos por huachicol: 338,114.
Fuente: Onexpo.
Los hermanos Farías Laguna, líderes de red de huachicol fiscal
La red de huachicol fiscal que se tejió dentro de la Secretaría de Marina y que alcanzó a varios funcionarios de alto nivel, fue evidenciada y quedó al descubierto a partir de la detención de 14 personas, lo que encendió las alarmas dentro del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Los señalados son el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, ambos sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Según lo revelado por parte de las autoridades, se sabe que los hermanos Farías encabezaban una red de huachicol fiscal, en la que realizaban sobornos a personas de rangos menores y otros funcionarios para permitir el paso de buques con combustible ilegal.
En este esquema, se han visto involucrados elementos de la Secretaría de Marina, pero también empresarios y personal de aduanas, quienes habrían permitido el contrabando de combustible en puertos, por ejemplo, en Tamaulipas. Para lograrlo, se declaraba la entrada de sustancias como aceite, cuando en realidad, las embarcaciones a las que daban acceso cargaban hidrocarburos.
Esta práctica resultó ser rentable para quienes participaban, evadiendo impuestos y haciendo negocios con el transporte de millones de litros de combustible proveniente del extranjero.
El negocio es altamente lucrativo, ya que PETROIntelligence estima que el ilícito le cuesta al erario 177 mil millones de pesos de forma anual, basado en estimaciones presentadas en su documento “Análisis: en recaudación potencial del contrabando fiscal”, donde afirman que tan solo en 2024, entraron 18 mil millones de litros de combustible ilegales en el mercado mexicano.
Para llevar a cabo el ilícito, era necesario reclutar una amplia cantidad de personas con distintas responsabilidades y roles.
La lista incluye varios capitanes de navío y jefes de departamento, además de los agentes navales y aduanales involucrados en una conspiración criminal quienes respondían a Manuel Roberto y a Fernando Farías Laguna.