EL PAQUETE ECONÓMICO 2026 FRENTE A FRAGILIDAD ESTRUCTURAL

En un entorno global de incertidumbre, la presentación del Paquete Económico correspondiente a 2026 ofrece una visión de la estrategia hacendaria. Su diseño busca, por un lado, dar continuidad a los llamados proyectos prioritarios y programas sociales, y por otro, afrontar la necesaria consolidación fiscal tras un periodo de alto déficit. La propuesta presupuestal, sin embargo, genera un debate profundo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y el entorno de certidumbre institucional indispensable para impulsar la inversión, el motor principal del crecimiento.

En primera instancia, las cifras del Paquete Económico proyectan un gasto total de 10.1 billones de pesos, con un déficit que, si bien se reduce ligeramente respecto de 2025, se mantiene en un nivel del 4.1% del PIB. Este saldo negativo, financiado en gran medida por deuda, se basa en una estimación de crecimiento económico de entre 1.8% y 2.8%, una cifra que muchos consideran optimista en el contexto actual.

Se genera un círculo vicioso, ya que los costos financieros de la deuda crecen aceleradamente, entre 2024 y 2026 se estima pasarán del 12.6 % de todo el gasto público al 15.5 %. De ahí la importancia de que se cumpla sin desvíos con el calendario de consolidación fiscal para los próximos años.

La solidez de cualquier política económica reside en su capacidad para generar confianza y movilizar la inversión privada. Es en este punto donde el Paquete Económico 2026 presenta debilidades que merecen un análisis ponderado por parte del Congreso. La rigidez del gasto público, impulsada por la pesada carga del rescate a Pemex y el creciente costo de las pensiones, limita el margen de maniobra para la nueva administración. Una reasignación presupuestal que concentra gran parte de la inversión pública en una sola entidad no solo reduce la diversificación de proyectos, sino que también desaprovecha la oportunidad de canalizar recursos a sectores estratégicos con alto potencial productivo o la infraestructura urbana básica como el mantenimiento de vialidades, drenajes y servicios públicos que inciden directamente en la calidad de vida y la productividad local.

Resulta indispensable que los apoyos a empresas productivas del Estado estén condicionados a auditorías independientes, calendarios de resultados e indicadores públicos de desempeño, de manera que se evite reproducir un ciclo de rescates sin soluciones estructurales. Su canalización bajo la figura de inversión financiera plantea riesgos de opacidad y baja trazabilidad.

Desde la perspectiva de la iniciativa privada, las propuestas de incremento de impuestos a ciertos productos, la eliminación de esquemas para la deducibilidad, y en general la ambigüedad en la política fiscal, generan incertidumbre jurídica que puede inhibir las decisiones de inversión a largo plazo.

Si bien es legítimo buscar una mayor recaudación y combatir la evasión, las medidas no pueden contravenir los principios de certeza y estabilidad en el marco jurídico, pilares irrenunciables. Es imperativo que el gobierno y el sector empresarial construyan acuerdos fiscales en forma conjunta que fomente la formalidad y premien la inversión y el ahorro.

Otro aspecto que merece atención es la reconfiguración del gasto en seguridad pública, que debe fortalecerse y transparentarse con rigor ante la reducción que se observa en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin duda son necesarios mayores recursos para la inteligencia operativa, las policías y la generación de estrategias focalizadas para atender delitos y regiones.

Por otra parte, en el corazón de la economía mexicana se encuentran las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas empresas, generadoras de gran parte del empleo formal, requieren de un entorno que les permita prosperar. El Paquete Económico, por lo tanto, debe ser una herramienta para facilitar su crecimiento, no para imponer obstáculos adicionales.

La clave está en un gasto inteligente que impulse la competitividad, invierta en infraestructura crítica y promueva el desarrollo del capital humano de manera sostenida. En particular, la coyuntura del nearshoring debe aprovecharse para articular políticas que fortalezcan la infraestructura logística, desarrollen parques industriales, impulsen la formación técnica y garanticen reglas previsibles que conecten a las MiPyMEs con las cadenas de valor globales.

Desde COPARMEX hemos insistido en que el crecimiento sostenido y la reducción de la pobreza no son metas que se puedan alcanzar de forma fragmentada. Exigen una agenda de acción concreta que fortalezca el Estado de Derecho, garantice la paz social y priorice la inversión en salud y educación.

A pesar de su relevancia estratégica, el gasto en salud y educación se mantiene por debajo de los estándares internacionales. En 2026, el presupuesto en salud representa apenas el 2.5% del PIB, debajo del umbral del 6% recomendado por la OMS. Esta brecha limita la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales y construir un entorno propicio para el desarrollo humano.

El Paquete Económico 2026 es más que un simple conjunto de cifras y presupuestos; es una declaración de intenciones. Para que México alcance su máximo potencial, es necesario un pacto social y económico que coloque la inversión, la certeza jurídica y el Estado de Derecho como las brújulas del desarrollo nacional.