DIPUTADOS ENDURECEN CASTIGO POR EXTORSIÓN

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una reforma histórica que establece penas de 15 a 25 años de prisión, con la posibilidad de llegar hasta 42 años cuando se acrediten alguno de los 34 agravantes contemplados.

El nuevo ordenamiento -impulsado por la Presidencia de la República como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión- establece que este delito se perseguirá de oficio, un cambio diseñado para evitar que las víctimas, históricamente intimidadas por grupos criminales, deban denunciar directamente a sus agresores.

Entre las agravantes que elevan la pena máxima destacan el cobro de piso, la extorsión contra menores o migrantes, el uso de armas, la participación de servidores públicos y los accidentes de tránsito provocados con intención de extorsionar, conocidos como “montachoques”.

La última modalidad ha crecido con rapidez: grupos de motociclistas o automovilistas provocan choques intencionales y simulan lesiones para exigir pagos inmediatos. Laura Martínez, vecina de Zapopan, padeció este delito: un motociclista se lanzó contra su vehículo, fingió estar herido y un cómplice exigió 30 mil pesos entre gritos y amenazas. Por eso Sandra Madrigal, especialista en movilidad y seguros, recomienda permanecer en el auto, llamar a la aseguradora y pedir apoyo a la Policía Vial. “No hay razón para pagar en efectivo”.

En general, las cifras confirman que la extorsión es uno de los delitos más redituables para la delincuencia organizada. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y octubre de 2025, la extorsión aumentó 22.9% respecto al mismo periodo de 2019. Es, de hecho, el único delito de alto impacto que no ha disminuido en el país.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la confianza ciudadana en el 089 ha mejorado: las denuncias al día pasaron de 349 a 647 por este delito. En consecuencia, las Fiscalías estatales abrieron mil 986 carpetas de investigación y detuvieron a más de 400 personas en 19 Entidades entre enero y junio pasados.

Los estados donde se concentra el 66% de los casos son: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, donde operan células especializadas en cobro de piso, extorsión telefónica, amenazas armadas y secuestro exprés.

Especialistas coinciden en que la extorsión prospera porque requiere poca infraestructura, genera ingresos constantes y enfrenta bajo riesgo de detención. Con un par de teléfonos, una zona controlada y la certeza de que el Estado no llegará a tiempo, el negocio funciona. Durante años se trató como un problema menor, sin dimensionar su alcance económico y social. Hoy afecta desde mercados, tianguis, plataformas digitales, transportistas, agricultores, comercios, escuelas, pequeñas empresas y hasta Gobiernos locales.

Por eso el Gobierno federal lanzó el plan nacional basado en cinco ejes: investigación e inteligencia para generar detenciones, unidades antiextorsión estatales homologadas, protocolo de atención a víctimas para impedir revictimización, capacitación del 089 en manejo de crisis y negociación, así como una campaña nacional de prevención enfocada en ciudadanía y negocios. Estas acciones se refuerzan con el endurecimiento de penas.

Durante la discusión de la reforma, el diputado emecista, Juan Ignacio Samperio, destacó que la nueva ley “cierra el paso institucional a los delincuentes”.

El priista Emilio Suárez Licona lamentó que en el Senado no se endurecieran las sanciones a servidores públicos que encubran a extorsionadores.