DENUNCIAN DAÑOS AL PATRIMONIO EN RUTA DEL TREN MAYA; PREPARAN ACCIONES LEGALES EN TRES FRENTES

La presunta destrucción de patrimonio arqueológico a lo largo de la ruta del Tren Maya ha encendido alertas entre especialistas, quienes ya impulsan acciones legales en distintas vías. Al menos seis zonas habrían resultado afectadas, mientras que otros 47 monumentos fueron retirados de su contexto original y trasladados —en muchos casos solo como fachadas— a espacios denominados “parques de la memoria”.

Uno de los casos más señalados se ubica en Báalam Tun, en Chetumal, Quintana Roo, aunque también se reportan intervenciones en Xpujil y Escárcega, en Campeche. Estos sitios forman parte de lo que ahora autoridades denominan “polígonos de reubicación”, una figura que ha sido cuestionada por especialistas por su posible falta de rigor científico y legal.

Ante este panorama, ya existe una denuncia de hechos presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, el proceso legal podría escalar: se preparan nuevos recursos en materia administrativa, civil y penal contra quienes resulten responsables.

El arqueólogo Jesús E. Sánchez, integrante de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio del INAH, advierte que no se trata solo de intervenciones técnicas, sino de posibles violaciones graves a la ley.

“Estamos frente a la destrucción de monumentos arqueológicos y a una simulación en estos espacios que llaman parques de la memoria. La ley es clara: cualquier afectación al patrimonio debe ser perseguida”, sostiene.

Sánchez subraya que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas establece sanciones claras ante este tipo de daños, al tratarse de bienes que pertenecen a toda la nación.

El expediente legal es construido por los despachos Artículo 27 S.C., encabezado por José Manuel Hermosillo Vallarta, y el Corporativo Jurídico IUSTAMAY, de Raymundo Tamay Chuc. Ambos trabajan en la integración de pruebas que serán presentadas ante el Ministerio Público Federal, con base en dos ejes: la presunta destrucción de monumentos y la posible alteración de su valor histórico mediante reubicaciones cuestionadas.

El caso podría marcar un precedente sobre los límites entre desarrollo de infraestructura y la conservación del patrimonio cultural en México.