CASI 2 MIL EMPLEADOS VIVEN INCERTIDUMBRE

La entrada en vigor de las leyes que desaparecen al IFT, Cofece y Coneval, Conamer y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario implicarán el despido de al menos mil 900 trabajadores, que en el papel tienen la promesa de ser liquidados en apego a sus derechos laborales y, en algunos casos, ser recontratados, dados sus conocimientos especializados.

A partir de hoy, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario comienzan formalmente su extinción y, con eso, la aplicación de los criterios para liquidar a todo su personal.

El régimen transitorio de las nuevas leyes que dan origen a las instituciones que los sustituirán o que ya existen y se harán cargo de las nuevas tareas, fijan de manera generalizada que el presupuesto que tienen para este año las instituciones que mueren deberá alcanzar para la liquidación, incluso ordena el uso de fideicomisos para garantizar los finiquitos.

De acuerdo con el Analítico de Plazas, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, en el IFT existen mil 428 plazas de trabajo y el artículo noveno transitorio de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión dice que “los derechos laborales de las personas servidoras públicas del Instituto Federal de Telecomunicaciones serán respetados, en términos de la legislación aplicable.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones dispondrá de los recursos financieros con los que cuente, incluidos los contenidos en el Fideicomiso de Infraestructura y Equipamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para el pago de liquidaciones o finiquitos según corresponda”, dice.

Pero aclara que “las indemnizaciones se pagarán a las personas servidoras públicas que gocen de estabilidad laboral considerando la fecha en que se integraron al servicio profesional del Instituto, los que no gocen de estabilidad laboral serán finiquitados en términos de las disposiciones aplicables, todas las personas servidoras públicas causarán baja a momento de la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones”.

Dice que después de liquidar a todo el personal, el IFT “transferirá los recursos correspondientes al valor de la estructura o plantilla de plazas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar el último día en funciones, a fin de que esa dependencia realice las acciones que correspondan, conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, para su asignación y ministración a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones o, en su caso, a la Comisión Nacional Antimonopolio”.

En este caso no establece que la nueva comisión pueda contratar a los trabajadores del IFT, pero sí ordena que todos deben presentar su declaración patrimonial de conclusión.

Para los 486 empleados de la Cofece, el décimo sexto transitorio de la nueva Ley Federal de Competencia Económica sí deja claro que puede haber trabajadores que sean transferidos a la nueva Comisión Nacional Antimonopolio.

La Comisión “dispondrá de los recursos financieros con los que cuente, incluidos los contenidos en sus fideicomisos, para el pago de indemnizaciones que incluyan sueldos y salarios de conformidad con la normativa aplicable para el personal que no se transfiera a la Comisión Nacional Antimonopolio, siempre y cuando dichos recursos no se encuentren comprometidos para el cumplimiento de fines de los fideicomisos”.

Y es ahí donde se abre la posibilidad de transferencia de los trabajadores del IFT a esta nueva Comisión, pues dice que “la Comisión Nacional Antimonopolio integrará únicamente la estructura del Instituto Federal de Telecomunicaciones relacionada con el cumplimiento de funciones en materia de competencia económica, preponderancia y participación”.

El caso de los 49 trabajadores del Coneval la ley dice que, en coordinación con la Secretaría del Bienestar, el consejo concluirá la relación laboral con todo su personal; los pagos saldrán de su presupuesto de este año y también abre la puerta para que sean contratados por el Inegi, que es la institución que realizará su trabajo.

No hay información del número de empleados de la Conamer y la nueva ley para eliminar los trámites burocráticos dice que deberá transferir el valor presupuestal de sus plazas a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y asegura que se respetarán los derechos para las liquidaciones.

Y en el caso de los trabajadores de la Agencia reguladora del Transporte Ferroviario, el régimen transitorio sólo dice que todo su trabajo pasará a la nueva Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, pero no hace referencia a sus empleados.