AVANZA EN COMISIONES DEL SENADO LA REFORMA SOBRE LA EXTORSIÓN EN MÉXICO

Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado avalaron por unanimidad la minuta de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión, la cual prevé penas de hasta 41.6 años de prisión para quienes incurran en esta conducta.

La legislación, que será analizada y votada en el pleno del Senado este miércoles, también fija una pena básica de entre 15 y 25 años de cárcel para los responsables. Por primera vez, se plantean sanciones uniformes en todo el país y se determina que la extorsión será un delito perseguido de oficio.

Entre las agravantes se establecen que cuando exista violencia, armas, disfraz de policía, entre otros, se suma entre 3 y 17 años más, alcanzando hasta 41.6 años de prisión. En el caso de los llamados montachoques se considerados modalidad agravada.

Cuando existan autoridades cómplices: hasta 20 años si no denuncian los delitos que conocen.

Hasta 30 años para autoridades que permitan extorsiones desde prisión y 12 años por ingresar celulares o dispositivos. Se prevé la destitución e inhabilitación para servidores públicos que participen.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, explicó que se elevó el tipo penal básico de 15 a 25 años de cárcel, para evitar que en los estados donde el tipo es más alto, se busca evitar que quienes están sentenciados por extorsión puedan ser beneficiados y salir en libertad.

Realizan 15 modificaciones en el Senado

Explicó que se realizaron 15 modificaciones respecto a la minuta enviada desde San Lázaro, como es la creación de policías, analistas, ministerios públicos certificados y especializados en la investigación del delito de extorsión.

Carolina Viaggiano, senadora del PRI, respaldó a nombre de su bancada la reforma pero expuso que “una ley general no resuelve por sí sola el problema que ya desbordó al estado. Necesitamos un presupuesto real para los estados. La extorsión es un delito principalmente del fuero común. Sin más recursos para policías, fiscalías y tribunales locales, la ley será letra muerta”.

“Necesitamos una protección real a las víctimas. Si el 97 % no denuncia, no es porque no sepan cómo, es porque tienen miedo, porque saben que dentro del gobierno están los que protegen a los extorsionadores, porque desde ahí, como lo vimos con la Barredora, están quienes protegen a los que delinquen fuera”, apuntó.