AUTORIDADES DE YUCATÁN ‘ENCARCELAN’ A PERRITO QUE ATACÓ A TRES PERSONAS; PIDEN NO SACRIFICARLO
Las autoridades del puerto de Sisal, en Yucatán, tomaron la decisión de resguardar a un perro que presuntamente mordió a tres personas, incluyendo a un adulto mayor. El caso ha generado debate entre vecinos, activistas y usuarios en redes sociales sobre el destino del animal y la responsabilidad de sus dueños.
El comisario municipal, Joaquín Galaz, informó a través de redes sociales que el perro fue “encarcelado” por motivos de seguridad, luego de que los propietarios no mostraran disposición para atender la situación ni garantizar el control del animal. La medida busca prevenir nuevos incidentes mientras se determina el futuro legal del can.
Las tres personas que sufrieron mordeduras fueron atendidas de inmediato en el centro de salud local. Según el reporte oficial, ninguna presentó complicaciones graves. No obstante, el caso será notificado a las autoridades sanitarias para descartar posibles riesgos de rabia u otras enfermedades zoonóticas.
Reacciones en redes: piden evitar su sacrificio
La noticia provocó una ola de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios solicitaron que el perro no sea enviado a la perrera municipal, ante el temor de que sea sacrificado si no encuentra un hogar. En respuesta, varias familias se ofrecieron a adoptarlo, mientras organizaciones de protección animal propusieron alternativas como la esterilización y la adopción responsable.
¿Qué dice la ley sobre el cuidado de mascotas en Yucatán?
Vecinos de Sisal recordaron que la Ley de Protección a la Fauna del Estado de Yucatán establece sanciones para quienes omitan la vigilancia adecuada de sus animales de compañía. El caso ha reavivado el debate sobre la tenencia responsable de mascotas y la necesidad de fortalecer la cultura de protección animal en comunidades costeras.
¿Cuál será el destino del perro?
Por ahora, el perro permanece bajo resguardo municipal. Las autoridades locales han señalado que continuarán dando seguimiento al caso hasta definir su situación legal. Se espera que, en coordinación con instancias de salud y organizaciones civiles, se evalúen opciones que garanticen el bienestar del animal sin poner en riesgo a la comunidad.