2025, AÑO DE CRISIS EN SISTEMA ELECTORAL; OPERÓ AL LÍMITE
El 2025 quedará registrado como el año en que el sistema electoral mexicano operó al límite.
Por primera vez, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) enfrentaron, al mismo tiempo, recortes históricos, retrasos en ministraciones, deudas acumuladas y déficits operativos que pusieron en riesgo la organización de la primera elección judicial local en 19 entidades del país.
La crisis no fue un accidente administrativo: fue el resultado de decisiones presupuestales tomadas desde los congresos locales y desde la Cámara de Diputados, que dejaron a las autoridades electorales sin margen de maniobra.
El informe más reciente de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLE confirmó lo que ya se advertía desde diciembre de 2024: los recortes fueron tan profundos que varios institutos estatales pasaron prácticamente todo el año en semáforo rojo.
Los OPLE: recortes de hasta 70% y meses sin recursos
Cinco estados vivieron una situación crítica: Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Nayarit y Yucatán.
Todos enfrentaron recortes severos, retrasos en ministraciones y ampliaciones presupuestales que nunca llegaron.
Zacatecas tuvo un recorte de 65.91% y llegó a mayo sin dinero para contratar capacitadores electorales.
Nayarit enfrentó un déficit que le impidió cubrir la casilla única a un mes de la elección.
Colima operó con un recorte de 68.92%, litigó su presupuesto, ganó parcialmente… y aun así el Congreso local volvió a asignarle el mismo monto.
San Luis Potosí y Yucatán pasaron meses sin recursos para gasto ordinario.
La situación fue tan grave que, en palabras de la consejera Dania Ravel, a unas semanas de la elección judicial, “Zacatecas envió un llamado de auxilio al INE”.
A esto se sumó un patrón que se repitió en todo el país: los gobiernos estatales autorizaban ampliaciones, pero no las ministraban, dejando a los OPLE sin liquidez para pagar nómina, renta de inmuebles, materiales electorales o convenios con el propio INE.
El INE: recorte histórico y déficit operativo
Mientras los OPLE colapsaban, el INE enfrentaba su propia tormenta. La Cámara de Diputados aplicó un recorte de 13 mil millones de pesos, el más grande en su historia. Ese recorte detonó una cadena de efectos inéditos:
Febrero: el INE “pasa la charola”
Por primera vez, el INE pidió a los OPLE que cooperaran para pagar a los supervisores y capacitadores electorales federales (CAE). La cifra: 370.6 millones de pesos.
Los OPLE reaccionaron con molestia: ellos mismos estaban en crisis y ahora debían financiar al INE.
Mayo: déficit de 94 millones
A 17 días de la elección judicial, el INE no tenía recursos para la integración de casillas, le faltaban 30 millones, y para el pago de CAE y supervisores, 64 millones faltantes.
La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, calificó la situación como “alarmante”, sobre todo por Zacatecas y Nayarit, que no habían aportado un solo peso.
La consejera Carla Humphrey reveló que el INE discutía qué actividades del segundo semestre tendría que pausar para garantizar los pagos de la elección judicial.
Septiembre: déficit de 221 millones para honorarios
A pesar de economías por 108 millones, el INE enfrentó luego de la elección judicial un déficit para el pago de honorarios eventuales de 221.1 millones de pesos, aun teniendo 270 vacantes sin cubrir y 57 plazas de honorarios permanentes sin ocupar.
Y aunque recibió 800 millones de ampliación para la elección judicial, 300 millones no podían usarse para gasto ordinario.
La elección judicial: el detonante
La elección judicial local 2025 fue el punto de quiebre. Los OPLE debían organizarla, pero no tenían recursos. El Instituto Nacional Electoral esperaba 513 millones de pesos de aportaciones estatales para la casilla única. Pero varios estados no podían pagar: Zacatecas, Nayarit, Veracruz, San Luis Potosí.
Otros debían millones, como la CDMX, 15.7 mdp; Baja California, 6.6 mdp; Yucatán, 8.6 mdp, y Aguascalientes 2.9 mdp. La deuda total al INE: 53.4 millones de pesos.
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