EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

 

En sesión ordinaria el pleno de la LXII Legislatura aprobó, con 22 votos a favor y 2 en contra, la propuesta de la Junta de Coordinación Política para la integración del Comité de Transparencia del Congreso del Estado, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y con base en el artículo 14 del Reglamento para el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí.

El Comité de Transparencia del Congreso del Estado quedó integrado por: Marcelina Oviedo Oviedo (Oficial Mayor), presidenta; Juan de Jesús Rocha Martínez (Contralor Interno), secretario; Roy González Padilla (Coordinador de Asuntos Jurídicos), César Isidro Cruz (Coordinador de Asesoría y Secretariado Técnico de Comisiones) y Norma Arcadia Vázquez Pescina (titular de la Unidad de Transparencia), vocales.

Después de su elección, los funcionarios del Poder Legislativo rindieron protesta de ley para desempeñar su cargo en el Comité de Transparencia.

Según el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, el Comité de Transparencia del Congreso del Estado tendrá las siguientes funciones:

Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información.

Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados.

Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones.

Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información.