BUSCA MORENA ELIMINAR EVALUACIÓN DOCENTE CON FINES PUNITIVOS

La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adela Piña Bernal, anunció que desde el Congreso se impulsará la erradicación del sistema de evaluación educativa con fines punitivos y laborales para sustituirlo por formas de valoración pedagógicas.

El objetivo es transformar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) “para convertirlo en una herramienta real de apoyo a los procesos de aprendizaje y enseñanza, de manera que la evaluación sea un proceso de retroalimentación y capacitación y no de castigo”, indicó.

Estos compromisos “no los podríamos lograr sin el apoyo y participación de las maestras y los maestros de todo el país”, expresó.

Al participar en el foro “Conformación e Instalación del Grupo Deliberativo Educación en la Cuarta Transformación”, aseguró que para el nuevo gobierno la enseñanza es prioridad ineludible, porque impulsa la economía y hace posible la democracia; por ello, precisó que “con la mayoría en el Congreso y el apoyo de los profesores echaremos para atrás la reforma educativa”.

La diputada sostuvo que la educación no sólo es derecho de todos, sino que es un elemento indispensable para el desarrollo nacional, porque crea condiciones de equidad, mejora la calidad de vida y la convivencia social.

Al inaugurar el acto, el coordinador de los diputados del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores, afirmó que estos foros regionales servirán para escuchar la voz de investigadores, profesores y sectores relacionados con la educación, con el fin de iniciar el proceso para una nueva legislación.

Al hacer uso de la palabra, Luciano Concheiro Bórquez, futuro subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), afirmó que estos foros permiten encontrar los elementos fundamentales de una transformación profunda de la educación en México para recuperar su sentido y su historia.

“Nos encontramos en una encrucijada fundamental, en la de la cuarta transformación, que significa cambiar las cosas, ir a lo profundo, recuperar la historia”, precisó.

“México es un país de revoluciones que a golpes y oleadas populares ha construido sus instituciones, toda una perspectiva que debemos recuperar y transformar no solamente para el siglo XXI, sino para mucho más adelante”, enfatizó.

Los diálogos vertidos aquí se tomarán en cuenta para cambiar la educación en México, y destacó la importancia de la participación para lograrlo. “Este gobierno no va a llegar tan lejos si no lo impulsan ustedes”, advirtió.

En tanto, el director general del Instituto McLaren de Pedagogía Crítica, Sergio Quiroz Miranda, refirió que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que hay 30 millones de mexicanos, entre 15 y 60 años de edad, que no saben leer ni escribir, o que cuentan con primaria o secundaria incompletas.

Indicó que este foro es el arranque de una serie de ocho que se realizarán a nivel regional, que encabezarán diputados petistas, y que concluirán el 19 de noviembre, con la presentación del proyecto regional de reforma educativa sustentado en las propuestas planteadas.

En su turno, por la Universidad Nacional Autónoma de México, Imanol Ordorika Sacristán, dijo que el régimen trató de poner en marcha la reforma educativa y no lo logró por la resistencia magisterial. “Desde esa lógica hemos planteado que los actores educativos deben conducir el proceso de transformación a nivel básico y superior”.

Pidió que la Cámara de Diputados dote de recursos presupuestales para aumentar la matrícula en educación superior, de 4.2 millones a 5.2 millones de alumnos para el final del próximo sexenio. Estimó que para lograrlo se requieren dos mil 400 millones de pesos adicionales cada año para infraestructura y ampliación, y sostener ese esfuerzo implicará otros cuatro mil 370 millones anuales.

En tanto, por la Universidad Iberoamericana, Marisol Silva Laya, señaló que la construcción de un nuevo proyecto educativo no se puede desarrollar de manera autónoma sin tomar en cuenta las condiciones de exclusión, limitación y precariedad material de millones de niñas, niños y adolescentes y sus familias.