ACUSAN CORRUPCIÓN EN ÁLVARO OBREGÓN 286; SON CINCO FAMILIAS

El colapso del edificio Álvaro Obregón 286, durante el sismo del 19 de septiembre del 2017, le costó la vida a 49 personas. Las familias de cinco de ellos creen que el inmueble no se derrumbó a causa del temblor, sino por hechos de corrupción y siguen un proceso penal para establecer quiénes son los responsables.

Una de ellas es la familia de Noemí Manuel García, joven indígena mazahua, de 21 años, originaria de San Simón de la Laguna, en el Estado de México. Ella hizo carrera universitaria y trabajaba en un despacho de contadores.

“Como toda persona que sale de su pueblo, quiere uno volver, hacer algo por los que nos quedamos, ayudar, cambiar el estilo de vida del pueblo. Esa era la meta de Noemí; ya la había logrado: terminó la carrera y estaba trabajando; iba a cobrar su primer quincena, allí en Álvaro Obregón 286”, narró su primo Juan Pedro Manuel García.

El 27 de septiembre de 2017, se abrió una carpeta de investigación contra los responsables de obra corresponsables, la Inmobiliaria Álvaro Obregón S.A. de C.V. y su representante, Ernesto Sota López. La carpeta era por los delitos de homicidio, lesiones y daños.

En ella se integró el dictamen que presentó la inmobiliaria, que señala que el edificio se desplomó a causa del sismo, pero el despacho Nava Díaz y Asociados, entregó otro, solicitado por la procuraduría. Una de sus conclusiones es que se edificaron siete niveles y no seis, como establecía el permiso de construcción de 1959.

“Ese dictamen planteaba que se había puesto un piso adicional en el edificio, lo que generaba una carga mayor no contemplada en el proyecto original, la instalación de un elevador que tiene como consecuencia la colocación de cajas de carga y que se había cambiado el uso de apartamentos a oficinas, lo cual incluye un mayor peso” dijo a Excélsior Gabriela Carreón, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que representa a la familia de Noemí y la de Martín Estrada Zárate.

En entrevista, el abogado José Luis Carrasco, de la firma de abogados Rivera Gaxiola, Carrasco y Kálloi, que representa a la inmobiliaria comentó: “Difiero absolutamente, hay pruebas claras incluso en la licencia de construcción, que ha sido materia de este procedimiento, se establece la existencia de seis niveles y un estacionamiento en la planta baja (siete pisos)”.

En la carpeta de investigación también hay un documento de 1997 en el que el ingeniero Pedro Urzúa, de la Secretaría de Obras, le recomienda a la Secretaría de Transporte y Vialidad del DF no rentar ese inmueble porque tenía una inclinación de 15 centímetros hacia el edificio contiguo y había riesgo de choque entre ambos.

El 13 de marzo de 2018, mientras seguía el proceso legal, Miguel Ángel Mancera firmó el decreto de expropiación de este predio, por el que el gobierno de la CDMX le pagó a la inmobiliaria 46 millones de pesos y anunció que haría un memorial en honor a las 49 personas fallecidas.

Sin embargo, nunca se construyó, los familiares de las víctimas se opusieron; después de eso los administradores de la inmobiliaria ofrecieron un acuerdo reparatorio a las 49 familias. A la fecha, 45 aceptaron y fueron compensadas con 930 mil pesos cada una.

El 30 de noviembre de 2018, último día de Mancera como jefe de gobierno, a pesar de las evidencias de irregularidades que había en la carpeta de investigación, la ministerio público, Teresita Marín Pérez, promovió la no acción penal del caso.

“Aunque han peleado su inocencia, si digo que soy inocente ¿por qué ofrezco ese tipo de convenios? Trataron de convenir con todas las familias posibles, así ya tenían menos enemigos”, dijo la abogada Eunice Rivas, del Corporativo Rivas y Asociados, y representa a dos familias.

Al respecto el abogado Carrasco comentó: “El apoyo que se les ha ofrecido de ninguna manera pretende comprar conciencias ni hacer algo incorrecto. El grueso de las personas que murieron allí eran estudiantes, personas que no tenían un recurso importante y que dejaron a sus familias a la deriva; en ese sentido están disponibles los apoyos aún. El tema del derecho a la justicia es un derecho humano, ellos han optado por este procedimiento”.

Tanto las abogadas del Centro Pro de Derechos Humanos, Gabriela Carreón y Melissa Zamora, como Eunice Rivas, del Corporativo Rivas y Asociados, impugnaron la decisión del MP de promover la no acción penal.

Uno de sus argumentos centrales para solicitar la reapertura de la investigación, fue el hecho de que ya existía un dictamen que establecía que, para el predio de Álvaro Obregón 286, había un permiso de construcción para seis niveles y tenía siete.

En una audiencia oral en marzo de este año el juez de control Irving Fernández García, reabrió el caso. Y aunque la Inmobiliaria Álvaro Obregón S.A. de C.V. se amparó, cinco familias siguen luchando por la vía penal.

Son las familias de Martín Estrada quien murió a los 31 años, Noemí Manuel García a los 21, Jesús Navarro Gutiérrez a los 33, Deyanira Curiel Álvarez a los 35 años y Jorge Gómez Varo, a los 33 años.

Hiram Navarro Gutiérrez, hermano de Jesús, comentó que decidieron seguir adelante con el proceso penal “porque conforme se fueron llevando a cabo las investigaciones y fueron saliendo datos de prueba, nos dimos cuenta que sí había una responsabilidad que atribuirle a los dueños y conseguir justicia”.

Mientras que el padre de Martín Estrada Zárate, quien dejó una hija de 4 meses y un hijo de 4 años, rechazó el acuerdo económico que su nuera aceptó: “Espero conseguir que paguen los culpables, y que la gente sepa que no estamos solos. Si no detenemos esto, esto va a seguir pasando, en cambio si nos unimos podemos detener esto”.